Empresas de limpieza falsas

La Policía Nacional española ha desarticulado a un grupo de delincuentes que montaba falsas empresas de limpieza para que sus trabajadores pudieran  cobrar del paro. Los detenidos son 41 personas, incluido el líder de la banda, que se encontraban en lugares tan dispares del país como Huesca, Navarra, La Rioja, Lleida, Teruel, Valencia, Málaga y Tarragona.

Los agentes de la Policía Nacional que han descubierto a este grupo han explicado que los detenidos se dedicaban a establecer empresas dedicadas al sector de la limpieza de edificios, que resultaban ser falsas y no tenían ninguna actividad real. Estos supuestos negocios les daban la oportunidad de efectuar altas de trabajadores que, de esta manera, podían acceder posteriormente a cobrar prestaciones y subsidios por desempleo.

Las empresas no funcionaban, pero mantenían en teoría a sus presuntos empleados cotizando a la Seguridad Social durante el tiempo que se suponía trabajaban en ellas. La mayoría de estos trabajadores eran mujeres y ellas mismas daban a la organización los 400 euros a abonar por su alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Del mismo modo, ingresaban en una cuenta del grupo el dinero que equivalía a sus cuotas y que era aproximadamente de unos 300 euros mensuales.

Este entramado empresarial falso ha acabado provocando que las arcas públicas hayan perdido más de 250 mil euros, por lo que se ha bloqueado el dinero de 26 cuentas bancarias, con el objetivo de poder garantizar el abono de las cantidades debidas por parte de los responsables de estas compañías de limpieza falsas.

Con estas detenciones ha culminado una investigación que empezó en el mes de octubre del año pasado, ante los primeros indicios de que un grupo, formado por delincuentes de diferente nacionalidad, formaban estas empresas fantasmas de limpieza. Para conseguirlo, crearon cinco sociedades civiles y dieron de alta como empresario autónomo a otra persona.

En consecuencia, la inversión realizada por estos delincuentes era mínima, pero, en cambio, ellos cobraban cada mes a sus trabajadores ‘falsos’ las cuotas a la Seguridad Social, que nunca ingresaban. Por lo tanto, llegaron a tener una deuda por impago de casi 150 mil euros y, además, la Administración pública acabó pagando más de 114 mil euros de prestaciones, que eran indebidas.